BOGOTÁ / COLOMBIA

Corridas de toros en Colombia, diversión a la antigua y polémica

Tradición cultural heredada de España versus maltrato animal que debe ser abolido: esas posturas irreconciliables han ocupado gran parte de la atención de la capital colombiana, Bogotá, que desde 2012 se ha enfrascado en una polémica sobre las corridas de toros.

Desde que empezó su administración como alcalde de Bogotá, en enero de ese año, Gustavo Petro advirtió que pondría bajo la lupa a las habituales temporadas taurinas que se celebran en la ciudad desde 1931 con el argumento de que la muerte del toro es un maltrato al animal que no estaba dispuesto a permitir.

Petro pidió entonces a los organizadores de las corridas que modificaran el ritual del espectáculo para proscribir el maltrato a los toros con las banderillas y su posterior sacrificio con la espada, pero la Corporación Taurina de Bogotá le respondió que eso no se podía hacer porque sería un irrespeto a la tradición.

El alcalde contestó con un as bajo la manga al revocar el contrato por el alquiler de la Plaza de toros de Santamaría, perteneciente al Distrito Capital de Bogotá y que desde 2012 empezó a ser escenario de actividades ajenas al mundo de los toros como el teatro y los recitales de poesía.

«Es un contrato celebrado entre un mandante, que es el Distrito Capital, para un mandatario (la Corporación Taurina), para hacer un mandado (las corridas de toros). Como el mandante dijo que las corridas dejarán de tener actos de crueldad, incluida la muerte del toro, y la Corporación Taurina no hizo caso, pues habrá un cambio«, advirtió el alcalde, que desde ese entonces no ha permitido la celebración de corridas.

La controversia no se ha detenido con el paso de los meses y la plaza de toros, catalogada desde 1982 como monumento nacional de Colombia por su valor histórico y arquitectónico, ha sido escenario de frecuentes manifestaciones de partidarios y críticos de la tauromaquia.

A finales del año pasado, varios toreros, novilleros y banderilleros durmieron varios días en las afueras del coliseo, con capacidad para unas 15.000 personas, para protestar por la decisión del alcalde, que, en su opinión, coarta su derecho al trabajo. Pero los manifestantes tuvieron que afrontar las críticas de grupos antitaurinos que los visitaban para llamarlos «asesinos» y escribir al frente de ellos grafitis en las paredes de la plaza. La policía apenas miraba, pues los enfrentamientos no pasaron a la violencia física.

La Corporación Taurina se sintió ganadora a finales de 2012, cuando la Corte Constitucional advirtió en un fallo que los alcaldes no pueden prohibir expresiones culturales como las corridas de toros, las corralejas y las peleas de gallos, muy arraigadas en diversas regiones de Colombia. Sin embargo, Petro no cedió y ratificó la suspensión del contrato del alquiler de la plaza. Según el gobierno del Distrito Capital, la municipalidad está en su derecho de no destinar los bienes públicos para el maltrato de animales.

La controversia arreció a comienzos de este año con un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional que llamó al orden a Petro y le ordenó la reanudación del contrato de alquiler al ratificar el fallo que ya había anunciado dos años atrás. Petro respondió diciendo que su administración cumplirá las indicaciones, pero argumentó que la plaza necesita urgentes obras de reforzamiento porque desde su construcción no ha sido remodelada y los asistentes a las corridas estarían en peligro.

Así, convocó a una licitación pública que debe adjudicarse en los próximos días para una serie de obras civiles que, según un plazo dado por la propia Corte Constitucional, deben estar terminadas a finales de 2016. La primera temporada taurina en Bogotá después de la remodelación sería la de enero de 2017, de acuerdo con el cronograma, con lo que Petro ya cumplió con el propósito de impedir durante su gobierno las corridas de toros, pues su periodo concluye en diciembre próximo.

Para los amantes de la tauromaquia, Petro «inventó una excusa» con la remodelación para seguir prohibiendo las corridas, pero por lo pronto es poco lo que pueden hacer porque los plazos ya están fijados por la Corte Constitucional y legalmente el alcalde no está incumpliendo el fallo. «Estamos en un Estado de Derecho. Todos cabemos en esta ciudad, los que están a favor y los que están en contra. Simplemente es un tema de libertades, una tradición cultural que tiene que ser respetada. Si a ellos no les gusta, pues que no vayan (a las corridas)«, clama el presidente de la Corporación Taurina de Bogotá, Felipe Negret.

Mientras las obras en la plaza estén en ejecución la capital colombiana probablemente seguirá atenta al tema porque organizaciones defensoras de los animales ya recogen firmas en las calles para que los bogotanos sean convocados a las urnas para decidir en una consulta popular, pues tienen la seguridad de que quienes se oponen a las corridas son mayoría. «Ahora el turno es para el pueblo y por ello vamos por la consulta popular«, dice Andrea Padilla, portavoz del movimiento Animal Naturalis, que respalda a Petro. «La consulta popular es una iniciativa que planteamos desde enero de 2012 y jamás la hemos descartado. Con esta decisión de la Corte y la inmadurez del Congreso para asumir este debate, ratificamos que es el pueblo quien debe decidir si quiere que las corridas de toros sigan existiendo en Bogotá«, agregó.