Aunque parezca insólito, bailar en Nueva York es ilegal
La «ley del cabaret» fue utilizada históricamente para cerrar establecimientos donde se congregan minorías, desde negros y latinos a la comunidad LGBTQ. La ciudad casi no tiene vida nocturna.
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| Noticia publicada el 2 de noviembre de 2017
Aunque parezca insólito, en la ciudad que nunca duerme bailar es ilegal. Pero un puñado de jóvenes de Brooklyn lucha por acabar con una vieja ley neoyorquina que prohíbe mover el esqueleto y castiga a miles de bares y discotecas. Todo se remonta a una medida municipal aprobada hace casi 100 años, en 1926, que exige un permiso muy difícil de conseguir para autorizar el baile en locales cerrados.
Quien no tenga este permiso puede ser multado. Y puede perder el permiso para vender alcohol, lo cual prácticamente llevará al establecimiento a la quiebra. Menos de 100 de los más de 22.000 bares, restaurantes y discotecas de Nueva York tienen este esquivo permiso, que solo se obtiene tras kafkianos trámites y un sinfín de medidas de seguridad demasiado caras para pequeños comerciantes, se indigna Rafael Espinal, un concejal demócrata de Brooklyn de origen dominicano.
RACISTA Y SEXISTA
«Podemos castigar el ruido, el crimen, que haya condiciones poco seguras, pero no el bailar. Es simplemente ridículo«, dice en su despacho subterráneo de Brooklyn este político de 27 años, autor de una propuesta para derogar la ley y reemplazarla por otra que podría ver la luz en diciembre. Su planteamiento cosechó recientemente el apoyo del alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, pero el fin de la ley depende de una votación en el órgano legislativo municipal.
El concejal y grupos de activistas como la «Red de Liberación del Baile» aseguran que la ley fue utilizada históricamente para cerrar establecimientos donde se congregan minorías, desde negros y latinos a la comunidad LGBTQ. Inicialmente, la «ley del cabaret» fue aprobada para limitar el consumo ilegal de alcohol durante la Prohibición, aunque según historiadores su verdadero objetivo era el cierre de los bares de jazz de Harlem en los años 30, 40 y 50 para evitar que blancos y negros se mezclasen.
En los 70 y 80 fue usada para cerrar establecimientos frecuentados por la comunidad LGBTQ que luchaba por sus derechos civiles. En los 90, el alcalde Rudy Giuliani la utilizó a destajo para controlar la bulliciosa vida nocturna en su meta de «limpiar» Nueva York. Hoy en día se usa poco, pero sus detractores dicen que es utilizada como una excusa para cerrar locales considerados indeseables.
Junto al fin de la ley, Espinal propuso también la creación de un nuevo cargo que acaba de ser aprobado: «alcalde de la noche» de Nueva York, un intermediario entre los bares, los vecinos y la ciudad -a semejanza del que existe en Amsterdam-, que debe luchar por preservar esta fuente millonaria de ingresos y que atrae al turismo. De Blasio ratificó la ley que creó el nuevo cargo en un festivo evento en una discoteca de Brooklyn donde tocaba Marky Ramone, el baterista del legendario grupo punk «Los Ramones».
INCONSTITUCIONAL
Una de las víctimas de la ley fue Andrew Muchmore, un abogado que posee un bar con música en vivo en Williamsburg, el barrio más de la moda de Brooklyn, y que desde 2013 lucha en los tribunales para declararla inconstitucional. Ese año, unos 20 clientes hacían ruido afuera del bar y Muchmore fue multado con 200 dólares, multa basada en la «ley del cabaret».
El joven abogado se queja de que la vibrante cultura nocturna neoyorquina «solo es ahora un fantasma de sí misma», como muestra su bar, uno de los pocos aún en pie en este barrio que fue un faro de la escena musical de la ciudad, pero que ya no lo es por el alza brutal de los alquileres y la burocracia que asfixia a pequeños empresarios.
«Es bastante chocante, uno de cada cinco pequeños negocios haya cerrado en las dos últimas décadas en Nueva York«, lamentó el alcalde de Blasio en House of YES, la discoteca de Brooklyn. «Y una de las razones es que era duro navegar las reglas y restricciones, que en muchos casos van demasiado lejos«, estimó. Muchmore es optimista sobre el fin de la ley. «Si la ciudad no la deroga pronto, la justicia la declarará inconstitucional», vaticina.